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LA CRISIS EN EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO: UN CASO REAL CON SOLUCIONES INCIERTAS

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LA CRISIS EN EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO:

UN CASO REAL CON SOLUCIONES INCIERTAS.

Autor: Sergio Hernando Castillo Galvis[1] – Candidato a Magister en Derecho Administrativo Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. 

Resumen. Aun cuando el derecho a la salud ha sido reconocido por la Corte Constitucional Colombiana como un derecho fundamental autónomo, con desarrollo a través de su amplia línea jurisprudencial, no ha surtido ningún efecto sobre las personas con enfermedades graves o catastróficas como el cáncer o el VIH, dados los impedimentos administrativos que continúan existiendo. Para efectos de este texto se reseña el caso de una persona a que se designará como ARG diagnosticada con púrpura trombocitopénica ideopática quien se encuentra en pugna con CAFESALUD EPS por la negativa en su tratamiento integral.

ARG es una persona de 50 años de edad, madre de familia, y quien fue diagnosticada en el año 2015 con púrpura trombocitopénica ideopática , enfermedad que de acuerdo a un estudio realizado por Acon E. (2014), publicado por la revista médica de Costa Rica y CentroAmérica, consiste en: “un desorden inmunológico complejo cuyo mecanismo fisiopatológico central es la pérdida de la auto tolerancia a los propios antígenos localizados en la superficie de las plaquetas y los megacariocitos, lo que conlleva a la producción de autoanticuerpos (...) Su resultado es un acortamiento de la supervivencia plaquetaria debido a destrucción extravascular fundamentalmente esplénica, incremento en la muerte celular programada y disminución en la producción plaquetaria (p. 509)”, siendo que luego de tres años de tratamiento médico con múltiples medicamentos que resultaron insuficientes, resta como opción la realización de una intervención quirúrgica denominado esplenectomía por laparoscopia, que consiste en la extracción del bazo con un método menos invasivo que de la forma original.

De acuerdo a la orden del médico tratante la realización de esta intervención es de riesgo inminente para la vida, y señala que “si no se opera se puede morir por sangrado”. No obstante ARG ha sido sujeto a dilaciones de carácter administrativo que delegó en el paciente las labores propias materializadas en que dos meses después de ordenada la cirugía no se ha realizado por argumentos como: a) No hay salas disponibles en UCI o; b) Esperar hasta su viabilidad, desconociendo abiertamente la urgencia frente a la prevención de un daño inminente, situación que motivó acudir a la acción de tutela teniendo en cuenta el carácter sumario, preferente y extraordinario que posee, con el fin que un juez de la república (artículo 86 superior) proteja los derechos fundamentales a la vida y salud, reconociendo el principio a la dignidad humana (artículo 1 superior) fundamentado en garantizar el tratamiento médico integral y solicitando una medida provisional que cese la vulneración.

Como respuesta a la acción constitucional, el juez de tutela determinó ordenar la medida provisional con dos aspectos: a) La realización de la cirugía y; b) Tratamiento integral de la enfermedad diagnosticada. No obstante, al acudir a la EPS con la esperanza de su cumplimiento, nuevamente la señora ARG es sometida a dilaciones injustificadas que resultan contrarias a los postulados del Estado Social de Derecho y la amplia línea jurisprudencial[2] de la Corte Constitucional Colombiana, sin mencionar que la Corte IDH se pronunció en el Caso Albán Cornejo Vs Ecuador (2007. P. 35) - por ejemplo- al prever que:

“117. La Corte ha reiterado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce pleno constituye una condición para el ejercicio de todos los derechos. La integridad personal es esencial para el disfrute de la vida humana. A su vez, los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana. Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público (artículo 10)”.

Motivado en el incumplimiento de la orden judicial emitida, se acude al incidente de desacato bajo el presupuesto que el término “orden”, previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 (Presidente de la República. 1991), encierra igualmente las medidas provisionales (artículo 7 Decreto 2591) que tienen entre sus actuaciones la facultad del juez para dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados. Es válido mencionar que en informe emitido por la CIDH, en el año 2015, haciendo seguimiento a recomendaciones realizadas al Estado, señaló avances en el Sistema de Salud Colombiano, instando a continuar con los esfuerzos, aduciendo que:

“En cuanto al derecho a la salud, la CIDH reconoce la expedición de la Ley 1751 del 16 de febrero de 2015 o Ley Estatutaria de Salud, que busca garantizar el derecho a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. De acuerdo con el Estado, esta Ley convierte a la salud en un derecho fundamental autónomo; pone fin al llamado “carrusel de la muerte”, pues hace obligatoria la prestación de servicios de urgencias sin necesidad de requerir autorización alguna; establece controles a los precios de medicamentos, entre otros. La Comisión insta al Estado a continuar sus esfuerzos en esta materia mediante la adecuada reglamentación e implementación de esta Ley”.

Sin embargo, como este caso hay millones en el país denotando la clara insuficiencia del Sistema de Salud que se traduce en una vulneración a los derecho humanos desconociendo su principal elemento: la dignidad humana, teniendo en cuenta que pueden existir mecanismos especiales de protección desde el punto de vista jurídico (como la tutela), pero estos son insuficientes frente a la problemática dado que se ha generalizado a tal nivel que  las entidades prestadoras del servicio no asumen el carácter prioritario que posee y omiten actividades reales para cesar la vulneración - ordenada por vía judicial, desconociendo abiertamente que la salud va más allá de ser un servicio, ES UN DERECHO derivado de la integridad personal, de presupuesto al derecho a la vida, en respuesta al principio a la dignidad humana.

Lo anterior permite concluir que pueden existir providencias de diferentes Tribunales y ámbitos pero están resultando inocuas frente a las labores inminentes que deben ser efectuadas para proteger los derechos y es un imperativo pensar en retomar su sentido - fin (providencias y sus efectos), o en su defecto adoptar otras medidas; por lo pronto, a pacientes como ARG les resta seguir esperando, aún haciendo ejercicio de la tutela, medida provisional, incidente de desacato por incumplimiento a la medida provisional, incidente de desacato por incumplimiento a la providencia que ordena la protección a los derechos fundamentales, trámite de cumplimiento, vigilancia administrativa, restando acudir al Sistema Regional de Protección, continuando sin soluciones y sin garantías a un tratamiento integral que mejore su calidad de vida.

BIBLIOGRAFÍA

Acón E. (2014). “Púrpura trombocitopénica inmunitaria”. Revista médica de Costa Rica y Centroamérica. LXXI (611). pp. 509 - 514. Disponible en la página web:  http://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2014/rmc143y.pdf

Colombia. (1991). Constitución Política.

Colombia. Presidencia de la República. (1991). Decreto 2591.

Comisión IDH. (2015). Informe Anual 2015. Disponible en página web:  http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/informeanual2015-cap5-colombia-es.pdf

Corte IDH. (2007). Caso Albán Cornejo Vs Ecuador. Fondo, reparaciones y costas.



[1] Abogado de la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Candidato a Magister de la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] A título enunciativo: Sentencia T-248 (1998); Sentencia T-1007 (2003); Sentencia T-188 (2013); Sentencia T-952 (2016), 

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