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El control de convencionalidad como límite a mecanismos de participación ciudadana Destacado

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El control de convencionalidad como límite a mecanismos de participación ciudadana

 

Autor: Sergio Hernando Castillo Galvis[1] – Candidato a Magister en Derecho Administrativo Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. 

 

 

Resumen. El derecho internacional sobre derechos humanos define estándares que escapan a la decisión de las mayorías frente al reconocimiento y efectividad de sus derechos.

 

 

En ejecución del Proyecto de Investigación enfocado al “Ejercicio del control de convencionalidad por parte de los jueces administrativos del circuito judicial de Cúcuta en los procesos de responsabilidad estatal en contra del Estado”, dentro del proceso de formación de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta, encontrando en el proceso de construcción de su marco referencial elementos que permiten esgrimir las siguientes consideraciones acerca de la función del control de convencionalidad frente a la iniciativa – mediante mecanismo de participación- de referendo que busca democráticamente determinar si las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños en situación de adoptabilidad, ello como respuesta a la decisión adoptada por la H. Corte Constitucional mediante Sentencia C-683 (2015) en donde condicionó la constitucionalidad de los artículos 64, 66 y 68 de la Ley 1098 (Congreso de la República. 2006), así como del artículo 1º (parcial) de la Ley 54 (Congreso de la República. 1990).

Inicialmente es importante mencionar que la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 64, 66 y 68 de la Ley 1098 de 2006 estableciendo entre su ámbito de aplicación a las parejas del mismo sexo que conforman familia, constituyendo una clara manifestación del Máximo Tribunal en su función de concretar derechos a través de la interpretación de la Constitución, en observancia de disposiciones internas e internacionales (éstas últimas especialmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las subreglas fijadas por la Corte IDH en desarrollo de su jurisprudencia), evitando la configuración de distinciones subjetivas e irrazonables contrarias a los postulados propios de la Constitución Colombiana, la CADH e instrumentos que buscan la eliminación de formas de discriminación.

La Corte Constitucional Colombiana ha mostrado grandes avances en el reconocimiento de derechos y garantías para los grupos considerados como minorías, especialmente, las parejas del mismo sexo. De manera sucinta es posible enunciar tres precedentes fijados que pueden ilustrar acerca de este hecho:

1.   La Sentencia C-075 (2004) en virtud de la cual el Tribunal declaró la exequibilidad de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales, esto como el resultado de un estudio complejo acerca de la discriminación por sexo frente al derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, sin perjuicio que ésta última cuenta con el estatus de “principio del derecho natural”[2].

2.   La Sentencia C-577 (2011), en este caso la Corte Constitucional encontró la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil Colombiano, teniendo como gran innovación dos órdenes emitidas en su parte resolutiva: a) En su numeral cuarto exhorta al Congreso de la República, fijando un término para ello, con el fin que legisle, de manera sistemática y organizada, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, reconociendo la existencia de un déficit en materia de protección teniendo como referencia los términos establecidos en la providencia; b) Estableciendo como condición la imposibilidad o negligencia del Órgano legislativo para cumplir esta orden, en una medida progresiva en el reconocimiento de derechos humanos, faculta a las parejas del mismo sexo acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual.

 3. La Sentencia C-683 (2015) que como ya se mencionó, amplio el espectro de las personas facultadas para adoptar. Es válido agregar que para llegar a esta conclusión, la Corte tuvo como referencia la Sentencia del Caso Atala Riffo Vs Chile (Corte IDH. 2012) providencia hito en materia de protección al derecho de igualdad y no     discriminación (artículo 24 CADH).

 

 

Todo lo anterior evidencia un avance importante en el reconocimiento y garantía de derechos en favor de minorías; con ocasión de la Sentencia objeto de estudio se propone como iniciativa un referendo con el fin que se decida por vía democrática la posibilidad de adopción por parte de parejas del mismo sexo, desconociendo abiertamente la decisión del órgano jurisdiccional, intérprete natural de la Constitución.

El control de convencionalidad es una figura que luego de una década desde su creación en sentido difuso sigue siendo materia de estudio teniendo en cuenta su indeterminabilidad en algunos aspectos para los Sistemas Jurídicos Internos de los Estados Parte del SIDH. Sin embargo, en materia de derechos que puedan ser sometidos a decisión por vía popular, en la Sentencia del caso Gelman vs Uruguay (Corte IDH. 2011), la Corte IDH estableció que:

“La protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un “control de convencionalidad”, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial”.

Lo anterior permite concluir que aún cuando el resultado del referendo sea desconocer los derechos ya reconocidos por la Corte Constitucional, las autoridades deberán ejercer el control de convencionalidad – desarrollado por la Corte IDH vía jurisprudencia- como mecanismo de compatibilidad entre normas – o prácticas- internas de los Estados Parte y los estándares del corpus iure interamericano, velando por la debida observancia del sentido y fin de la CADH – en primera medida.

 

 

BIBLIOGRAFÍA

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-683 de 2015.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-075 de 2007.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-577 de 2011.

Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs Chile. 2012. Fondo, reparaciones y costas.

Corte IDH: Caso Gelman Vs Uruguay. 2011. Fondo y reparaciones.



[1] Abogado de la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Candidato a Magister de la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] Colombia. Corte Constitucional. 2015. Sentencia C-284. Señala el Tribunal que: “En efecto, la referencia a los principios del derecho natural coincide plenamente con el carácter humanista de la Constitución y con el hecho de reconocer la dignidad humana  -a la que debe ajustarse la totalidad del ordenamiento jurídico-. Tampoco desconoce la igualdad en tanto la referencia al derecho natural permite que la interpretación del ordenamiento jurídico tenga, como fundamento igual para todos, la dignidad humana. Adicionalmente se trata de una disposición plenamente compatible con el Estado Social de Derecho, uno de cuyos fundamentos es el respeto de los derechos que son inherentes al ser humano”.

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