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Aplicación de la resolución 1325 de las naciones unidas sobre mujeres, paz y seguridad

Laura Katherinne Guzman Barbosa.

Abogada.

Universidad Sergio Arboleda.

 

Las naciones pueden atravesar por cuatro etapas importantes, la primera etapa, se refiere a la fundación de un país, marcado por un periodo histórico  y fundamentado en una constitución; la segunda, un desarrollo sostenible, que aunque no es totalmente efectivo, puede subsistir; la tercera; una crisis profunda marcada por la guerra, la desigualdad y las violaciones de derechos, lo cual puede conllevar al  quebrantamiento del orden político establecido y  la cuarta, concerniente a la reconstrucción o refundación, etapa por la cual atraviesa Colombia actualmente con la terminación del conflicto armado con las FARC-EP, en la cual el país se enfrenta con varios desafíos en materia jurídica, judicial, política, administrativa, de derechos humanos, entre otros; de igual forma para cumplir con estos desafíos cuenta con el apoyo y la intervención de gobiernos, instituciones nacionales e internacionales y Organizaciones no gubernamentales que respaldaran una paz estable y duradera.

Una de las organizaciones que otorgan un apoyo fundamental en la reconstrucción de un país (ahora en Colombia con la llega del posconflicto) son las Naciones Unidas y su Consejo de seguridad, ya que a través de la publicación de sus resoluciones se expresa una opinión acerca de una medida que puede adoptarse en un tema específico; es así como frente al tema de mujeres y conflicto armado, nace la Resolución 1325, la cual tiene como propósitos reconocer, incluir, reafirmar y regular el papel de mujeres y niñas en el los conflicto armados y en el ámbito público.

Es innegable que esta resolución es necesaria y urgente adoptarla, sobretodo en un contexto como el de nuestra nación colombiana, pues la violencia sexual, los homicidios, la esclavitud sexual, los embarazos forzados y el desplazamiento forzado, se han empleado contra las mujeres como un actos para conseguir información, degradar o intimidar, siendo estos un arma de guerra de destrucción.

Si bien las consecuencias de la guerra afectan por igual a mujeres y hombres, El rol que se otorga a las mujeres en nuestra sociedad colombiana, hacen de ellas victimas de primer orden debido a su género, su condición jurídica y social, por lo cual la ONU insta a los estados miembros, como Colombia, para que los actores del conflicto armado, Gobierno y FARC, tengan en cuenta a las mujeres en todo el desarrollo de la paz estable y duradera, no solo como víctima sino como parte activa y potencial.

Una vez identificados los objetivos de la 1325, podemos señalar cuatro casos en materia de paz, que evidencian la adopción en parte de las medidas que allí se estipulan; el primer caso, corresponde a la ley 1719 de 2014“por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado”; el segundo caso, la ley 1448 de 2011” Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, específicamente el Articulo  No. 13, que estipula un enfoque diferencial; el tercer caso, corresponde a la Subcomisión de género que se instaló en los acuerdos de paz que contó con el apoyo de ONU mujeres, la embajada de Suecia y  la Cumbre de mujeres y paz que se llevó acabo en octubre de 2013, aprobando incluir a las mujeres en las negociones; el cuarto y último caso es  la instancia especial para garantizar el enfoque de género para la implementación de los acuerdos de paz, en donde tendrá asiento 7 mujeres; conforme a lo anterior, queda claro que se debe seguir dando pasos en el posconflicto para incrementar la representación de las mujeres en todos los niveles de decisión prevención, manejo, solución de conflictos y procesos de paz, atender las especiales necesidades de protección  de las mujeres y niñas en los conflictos incluyendo las refugiadas, desplazadas, campesinas, excombatientes, así como se debe apoyar a las organizaciones de mujeres y hacerlas participes de la justicia transicional.

En conclusión, se reconoce el desarrollo de acciones normativas sobre violencia contra la mujer como la adopción de planes y políticas  con enfoque de género, sin embargo, Se continúan observando niveles de impunidad, obstáculos de acceso a la justicia y falta de protección integral; por lo cual es significativo adoptar en su totalidad la resolución 1325, herramienta que permitirá que el posconflicto cuente con un tejido social inclusivo de las ciudadanas colombianas, logrando potenciar su rol en la construcción de la paz en Colombia.

BIBLIOGRAFIA

$1·       Resolución 1325, aprobada el 31 octubre de 2000, por el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas.

$1·       Ley 1448 de 2011.

$1·       Ley 1719 de 2014.

$1·       http://www.acuerdodepaz.gov.co/

 

 

LA CRISIS EN EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO:

UN CASO REAL CON SOLUCIONES INCIERTAS.

Autor: Sergio Hernando Castillo Galvis[1] – Candidato a Magister en Derecho Administrativo Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. 

Resumen. Aun cuando el derecho a la salud ha sido reconocido por la Corte Constitucional Colombiana como un derecho fundamental autónomo, con desarrollo a través de su amplia línea jurisprudencial, no ha surtido ningún efecto sobre las personas con enfermedades graves o catastróficas como el cáncer o el VIH, dados los impedimentos administrativos que continúan existiendo. Para efectos de este texto se reseña el caso de una persona a que se designará como ARG diagnosticada con púrpura trombocitopénica ideopática quien se encuentra en pugna con CAFESALUD EPS por la negativa en su tratamiento integral.

ARG es una persona de 50 años de edad, madre de familia, y quien fue diagnosticada en el año 2015 con púrpura trombocitopénica ideopática , enfermedad que de acuerdo a un estudio realizado por Acon E. (2014), publicado por la revista médica de Costa Rica y CentroAmérica, consiste en: “un desorden inmunológico complejo cuyo mecanismo fisiopatológico central es la pérdida de la auto tolerancia a los propios antígenos localizados en la superficie de las plaquetas y los megacariocitos, lo que conlleva a la producción de autoanticuerpos (...) Su resultado es un acortamiento de la supervivencia plaquetaria debido a destrucción extravascular fundamentalmente esplénica, incremento en la muerte celular programada y disminución en la producción plaquetaria (p. 509)”, siendo que luego de tres años de tratamiento médico con múltiples medicamentos que resultaron insuficientes, resta como opción la realización de una intervención quirúrgica denominado esplenectomía por laparoscopia, que consiste en la extracción del bazo con un método menos invasivo que de la forma original.

De acuerdo a la orden del médico tratante la realización de esta intervención es de riesgo inminente para la vida, y señala que “si no se opera se puede morir por sangrado”. No obstante ARG ha sido sujeto a dilaciones de carácter administrativo que delegó en el paciente las labores propias materializadas en que dos meses después de ordenada la cirugía no se ha realizado por argumentos como: a) No hay salas disponibles en UCI o; b) Esperar hasta su viabilidad, desconociendo abiertamente la urgencia frente a la prevención de un daño inminente, situación que motivó acudir a la acción de tutela teniendo en cuenta el carácter sumario, preferente y extraordinario que posee, con el fin que un juez de la república (artículo 86 superior) proteja los derechos fundamentales a la vida y salud, reconociendo el principio a la dignidad humana (artículo 1 superior) fundamentado en garantizar el tratamiento médico integral y solicitando una medida provisional que cese la vulneración.

Como respuesta a la acción constitucional, el juez de tutela determinó ordenar la medida provisional con dos aspectos: a) La realización de la cirugía y; b) Tratamiento integral de la enfermedad diagnosticada. No obstante, al acudir a la EPS con la esperanza de su cumplimiento, nuevamente la señora ARG es sometida a dilaciones injustificadas que resultan contrarias a los postulados del Estado Social de Derecho y la amplia línea jurisprudencial[2] de la Corte Constitucional Colombiana, sin mencionar que la Corte IDH se pronunció en el Caso Albán Cornejo Vs Ecuador (2007. P. 35) - por ejemplo- al prever que:

“117. La Corte ha reiterado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce pleno constituye una condición para el ejercicio de todos los derechos. La integridad personal es esencial para el disfrute de la vida humana. A su vez, los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana. Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público (artículo 10)”.

Motivado en el incumplimiento de la orden judicial emitida, se acude al incidente de desacato bajo el presupuesto que el término “orden”, previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 (Presidente de la República. 1991), encierra igualmente las medidas provisionales (artículo 7 Decreto 2591) que tienen entre sus actuaciones la facultad del juez para dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados. Es válido mencionar que en informe emitido por la CIDH, en el año 2015, haciendo seguimiento a recomendaciones realizadas al Estado, señaló avances en el Sistema de Salud Colombiano, instando a continuar con los esfuerzos, aduciendo que:

“En cuanto al derecho a la salud, la CIDH reconoce la expedición de la Ley 1751 del 16 de febrero de 2015 o Ley Estatutaria de Salud, que busca garantizar el derecho a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. De acuerdo con el Estado, esta Ley convierte a la salud en un derecho fundamental autónomo; pone fin al llamado “carrusel de la muerte”, pues hace obligatoria la prestación de servicios de urgencias sin necesidad de requerir autorización alguna; establece controles a los precios de medicamentos, entre otros. La Comisión insta al Estado a continuar sus esfuerzos en esta materia mediante la adecuada reglamentación e implementación de esta Ley”.

Sin embargo, como este caso hay millones en el país denotando la clara insuficiencia del Sistema de Salud que se traduce en una vulneración a los derecho humanos desconociendo su principal elemento: la dignidad humana, teniendo en cuenta que pueden existir mecanismos especiales de protección desde el punto de vista jurídico (como la tutela), pero estos son insuficientes frente a la problemática dado que se ha generalizado a tal nivel que  las entidades prestadoras del servicio no asumen el carácter prioritario que posee y omiten actividades reales para cesar la vulneración - ordenada por vía judicial, desconociendo abiertamente que la salud va más allá de ser un servicio, ES UN DERECHO derivado de la integridad personal, de presupuesto al derecho a la vida, en respuesta al principio a la dignidad humana.

Lo anterior permite concluir que pueden existir providencias de diferentes Tribunales y ámbitos pero están resultando inocuas frente a las labores inminentes que deben ser efectuadas para proteger los derechos y es un imperativo pensar en retomar su sentido - fin (providencias y sus efectos), o en su defecto adoptar otras medidas; por lo pronto, a pacientes como ARG les resta seguir esperando, aún haciendo ejercicio de la tutela, medida provisional, incidente de desacato por incumplimiento a la medida provisional, incidente de desacato por incumplimiento a la providencia que ordena la protección a los derechos fundamentales, trámite de cumplimiento, vigilancia administrativa, restando acudir al Sistema Regional de Protección, continuando sin soluciones y sin garantías a un tratamiento integral que mejore su calidad de vida.

BIBLIOGRAFÍA

Acón E. (2014). “Púrpura trombocitopénica inmunitaria”. Revista médica de Costa Rica y Centroamérica. LXXI (611). pp. 509 - 514. Disponible en la página web:  http://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2014/rmc143y.pdf

Colombia. (1991). Constitución Política.

Colombia. Presidencia de la República. (1991). Decreto 2591.

Comisión IDH. (2015). Informe Anual 2015. Disponible en página web:  http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/informeanual2015-cap5-colombia-es.pdf

Corte IDH. (2007). Caso Albán Cornejo Vs Ecuador. Fondo, reparaciones y costas.



[1] Abogado de la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Candidato a Magister de la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] A título enunciativo: Sentencia T-248 (1998); Sentencia T-1007 (2003); Sentencia T-188 (2013); Sentencia T-952 (2016), 

El control de convencionalidad como límite a mecanismos de participación ciudadana

 

Autor: Sergio Hernando Castillo Galvis[1] – Candidato a Magister en Derecho Administrativo Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. 

 

 

Resumen. El derecho internacional sobre derechos humanos define estándares que escapan a la decisión de las mayorías frente al reconocimiento y efectividad de sus derechos.

 

 

En ejecución del Proyecto de Investigación enfocado al “Ejercicio del control de convencionalidad por parte de los jueces administrativos del circuito judicial de Cúcuta en los procesos de responsabilidad estatal en contra del Estado”, dentro del proceso de formación de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta, encontrando en el proceso de construcción de su marco referencial elementos que permiten esgrimir las siguientes consideraciones acerca de la función del control de convencionalidad frente a la iniciativa – mediante mecanismo de participación- de referendo que busca democráticamente determinar si las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños en situación de adoptabilidad, ello como respuesta a la decisión adoptada por la H. Corte Constitucional mediante Sentencia C-683 (2015) en donde condicionó la constitucionalidad de los artículos 64, 66 y 68 de la Ley 1098 (Congreso de la República. 2006), así como del artículo 1º (parcial) de la Ley 54 (Congreso de la República. 1990).

Inicialmente es importante mencionar que la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 64, 66 y 68 de la Ley 1098 de 2006 estableciendo entre su ámbito de aplicación a las parejas del mismo sexo que conforman familia, constituyendo una clara manifestación del Máximo Tribunal en su función de concretar derechos a través de la interpretación de la Constitución, en observancia de disposiciones internas e internacionales (éstas últimas especialmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las subreglas fijadas por la Corte IDH en desarrollo de su jurisprudencia), evitando la configuración de distinciones subjetivas e irrazonables contrarias a los postulados propios de la Constitución Colombiana, la CADH e instrumentos que buscan la eliminación de formas de discriminación.

La Corte Constitucional Colombiana ha mostrado grandes avances en el reconocimiento de derechos y garantías para los grupos considerados como minorías, especialmente, las parejas del mismo sexo. De manera sucinta es posible enunciar tres precedentes fijados que pueden ilustrar acerca de este hecho:

1.   La Sentencia C-075 (2004) en virtud de la cual el Tribunal declaró la exequibilidad de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales, esto como el resultado de un estudio complejo acerca de la discriminación por sexo frente al derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, sin perjuicio que ésta última cuenta con el estatus de “principio del derecho natural”[2].

2.   La Sentencia C-577 (2011), en este caso la Corte Constitucional encontró la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil Colombiano, teniendo como gran innovación dos órdenes emitidas en su parte resolutiva: a) En su numeral cuarto exhorta al Congreso de la República, fijando un término para ello, con el fin que legisle, de manera sistemática y organizada, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, reconociendo la existencia de un déficit en materia de protección teniendo como referencia los términos establecidos en la providencia; b) Estableciendo como condición la imposibilidad o negligencia del Órgano legislativo para cumplir esta orden, en una medida progresiva en el reconocimiento de derechos humanos, faculta a las parejas del mismo sexo acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual.

 3. La Sentencia C-683 (2015) que como ya se mencionó, amplio el espectro de las personas facultadas para adoptar. Es válido agregar que para llegar a esta conclusión, la Corte tuvo como referencia la Sentencia del Caso Atala Riffo Vs Chile (Corte IDH. 2012) providencia hito en materia de protección al derecho de igualdad y no     discriminación (artículo 24 CADH).

 

 

Todo lo anterior evidencia un avance importante en el reconocimiento y garantía de derechos en favor de minorías; con ocasión de la Sentencia objeto de estudio se propone como iniciativa un referendo con el fin que se decida por vía democrática la posibilidad de adopción por parte de parejas del mismo sexo, desconociendo abiertamente la decisión del órgano jurisdiccional, intérprete natural de la Constitución.

El control de convencionalidad es una figura que luego de una década desde su creación en sentido difuso sigue siendo materia de estudio teniendo en cuenta su indeterminabilidad en algunos aspectos para los Sistemas Jurídicos Internos de los Estados Parte del SIDH. Sin embargo, en materia de derechos que puedan ser sometidos a decisión por vía popular, en la Sentencia del caso Gelman vs Uruguay (Corte IDH. 2011), la Corte IDH estableció que:

“La protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un “control de convencionalidad”, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial”.

Lo anterior permite concluir que aún cuando el resultado del referendo sea desconocer los derechos ya reconocidos por la Corte Constitucional, las autoridades deberán ejercer el control de convencionalidad – desarrollado por la Corte IDH vía jurisprudencia- como mecanismo de compatibilidad entre normas – o prácticas- internas de los Estados Parte y los estándares del corpus iure interamericano, velando por la debida observancia del sentido y fin de la CADH – en primera medida.

 

 

BIBLIOGRAFÍA

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-683 de 2015.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-075 de 2007.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-577 de 2011.

Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs Chile. 2012. Fondo, reparaciones y costas.

Corte IDH: Caso Gelman Vs Uruguay. 2011. Fondo y reparaciones.



[1] Abogado de la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Candidato a Magister de la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] Colombia. Corte Constitucional. 2015. Sentencia C-284. Señala el Tribunal que: “En efecto, la referencia a los principios del derecho natural coincide plenamente con el carácter humanista de la Constitución y con el hecho de reconocer la dignidad humana  -a la que debe ajustarse la totalidad del ordenamiento jurídico-. Tampoco desconoce la igualdad en tanto la referencia al derecho natural permite que la interpretación del ordenamiento jurídico tenga, como fundamento igual para todos, la dignidad humana. Adicionalmente se trata de una disposición plenamente compatible con el Estado Social de Derecho, uno de cuyos fundamentos es el respeto de los derechos que son inherentes al ser humano”.

Reconocimiento a la corte constitucional Colombiana con ocasión al caso 19 comerciantes

 

Autor: Sergio Hernando Castillo Galvis [1]– Candidato a Magister en Derecho Administrativo Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta.

 

Resumen. Corte IDH reconoce avances en materia de cumplimiento de las órdenes emitidas en el caso 19 Comerciantes, con ocasión de Sentencia T-653 de 2012 emitida por la Corte Constitucional Colombiana.

Con ocasión del boletín No. 06 (Mayo – Agosto de 2016) de la Corte IDH, publicado en el mes de marzo en su página oficial, se observó la divulgación de la resolución de cumplimiento[2], en el Caso 19 Comerciantes Vs Colombia en relación con el debido cumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 69 del reglamento interno de la Corte, para ello se realizó un análisis sucinto acerca de la acción de tutela como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH, desarrollando un estudio de caso sobre la resolución de cumplimiento mencionada y la Sentencia T-653 (Corte Constitucional. 2012).

El Caso 19 Comerciantes Vs Colombia (Corte IDH. 2004) es uno de los casos emblemáticos fallados por la Corte IDH en contra del Estado después de hallar su responsabilidad internacional por la configuración de un hecho ilícito internacional con ocasión[3] a la “desaparición forzada de 19 personas, por parte de un grupo paramilitar que operaba en el Municipio de Puerto Boyacá;” dicha providencia estableció órdenes enfocadas a cumplir con los componentes de reparación integral (indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición) de acuerdo a los estándares fijados en su evolución jurisprudencial desde el Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras (Corte IDH. 1988) a la fecha. Previamente, había emitido cuatro resoluciones entre los años 2006 y 2012 declarando el cumplimiento total y parcial de algunas de las medidas ordenadas en la sentencia de fecha 05 de julio del 2004.

De la parte resolutiva de la Sentencia se deriva la obligación de erigir un monumento en memoria de las víctimas, actuación que al año 2012 no había sido realizada, razón por la cual los familiares de las víctimas acudieron a la acción constitucional de tutela (artículo 86 superior) para asegurar su cumplimiento. Frente a ello, la Corte IDH reconoce la protección a los derechos fundamentales mediante la Sentencia T-653 (Corte Constitucional. 2012) teniendo en cuenta que como resultado de ello ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores “iniciar y coordinar todos los trámites pertinentes para que se cumplieran los componentes de la medida de reparación relativos a colocar una placa con los nombres de los 19 comerciantes en el lugar en que se encontraba el monumento y efectuar una ceremonia pública de inauguración”. No obstante este imperativo se genera posterior al estudio realizado por la Corte Constitucional en relación con los instrumentos jurídicos que tienen las víctimas para asegurar su cumplimiento, acudiendo para ello el carácter vinculante que poseen las Sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional interamericano y llegando a las siguientes conclusiones a desarrollar:

1.   Respecto a las obligaciones de dar, la Corte Constitucional recuerda que existen mecanismos en la jurisdicción ordinaria (Artículo 307 C.G.P) y contencioso administrativo (Artículo 192 CPACA) para garantizar su efectividad, agrega la Corte que “sería relativamente sencillo obtener, por este medio, el cumplimiento de las obligaciones de dar,  es decir, el pago de las indemnizaciones pecuniarias a cargo del Estado decretadas por la Corte Interamericana, por lo que la acción de tutela, en principio, no sería procedente en este ámbito” (Sentencia T-653.2012).

2.    En el caso de las obligaciones de hacer, el Máximo Tribunal señala que si bien es cierto son exigibles su ejecución resulta de mayor indeterminación su ejecutabilidad, para lo cual concluye que es la acción de tutela el mecanismo idóneo – dado su carácter preferente, sumario y excepcional – para hacer efectivas las obligaciones del Estado que resultan de ejecución simple o que fijan un término, condicionando su procedibilidad a la estructuración de un plazo razonable (Sentencia T-653.2012). 

Lo anterior permite inferir que de acuerdo a la propia jurisprudencia de la Corte IDH, reconocido por la Corte Constitucional, las sentencias emitidas contra el Estado Colombiano son de obligatorio cumplimiento y éste no se encuentra en la facultad de elegir cuáles cumple y cuáles no, ello ha generado que el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional establezca la procedencia de mecanismos excepcionales para asegurar su cumplimiento, respondiendo al carácter integral de la reparación, especialmente frente aquellas medidas que no son de carácter pecuniario y de compleja aplicación, esto ha sido de reconocimiento por Tribunales Internacionales (regionales y nacionales) frente a la concreción de derechos efectuada por la Corte Constitucional Colombiana, especialmente en materia de reparación de personas víctimas del conflicto armado.

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs Colombia. Resolución de Cumplimiento. 23 de junio del 2016. Boletín No. 06 Corte IDH.

Colombia. Corte Constitucional. 2012. Sentencia T-653



[1] Abogado de la universidad Simón Bolivar Sede Cúcuta. Candidato a Magister de la Universidad Simón Bolivar de Cúcuta. Contacto  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] De fecha 23 de junio del 2016. Disponible en la página:  http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/19comerciantes_23_06_16.pdf

[3] “Así como la impunidad respecto de la participación de miembros de la Fuerza Pública, la investigación de los hechos en la jurisdicción penal militar, el desconocimiento del principio del plazo razonable en los procesos penales y el no haber realizado una búsqueda seria de los restos de las víctimas”. Boletín No. 06. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

 


La protección del medio ambiente en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 

 

Eduardo Mendoza Argomedo

 

1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH), ha encontrado una forma interesante de proteger el derecho al medio ambiente en su jurisdicción,

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